El 19 de mayo de 2020, en plena salida del confinamiento, La Vanguardia contactó con Susanna Antequera, fundadora de Antequera de Jáuregui, como experta en Derecho de Familia para analizar una de las consecuencias jurídicas más inmediatas de la pandemia: el previsible impago masivo de pensiones de alimentos por parte de progenitores que habían perdido su empleo o visto drásticamente reducidos sus ingresos a consecuencia de los ERTE, los cierres de negocio y la parálisis económica provocada por el Covid-19.
La previsión de Susanna Antequera fue clara y contundente: los juzgados de familia iban a colapsar en los meses siguientes, saturados por una avalancha de reclamaciones de impagos de pensiones, incumplimientos de sentencias y, en los casos más graves, situaciones de sustracción internacional de menores agravadas por el cierre de fronteras.
Una crisis dentro de la crisis
La pandemia no solo interrumpió la vida laboral y económica de millones de familias: también congeló el funcionamiento de los juzgados durante meses, paralizando los plazos procesales y acumulando un retraso que, sumado al previsible aumento de la litigiosidad en materia de familia, dibujaba un escenario muy complicado para todos los implicados.
Para las familias separadas, esto tenía una consecuencia práctica muy concreta: quienes necesitaban urgentemente una reducción de la pensión de alimentos por causa sobrevenida no podían tramitarla con la celeridad que la situación requería. Y quienes la recibían y dependían de ella tampoco podían reclamar el impago de forma efectiva. Una situación de parálisis que afectaba directamente al bienestar de los hijos.
Susanna Antequera llevaba semanas alertando de esta realidad. En paralelo al artículo de La Vanguardia, impulsó junto a otros profesionales del Derecho de Familia una movilización del sector para visibilizar la situación de las familias afectadas por la Covid-19 y exigir soluciones urgentes al sistema judicial.
Fecha de publicación: 25 de mayo de 2020
Fecha de actualización: 8 de julio de 2026
